Empresas de cable y cooperativas podrán competir con Personal, Claro y Movistar.

El Gobierno nacional cambia las reglas de juego para que las grandes empresas puedan expandir sus negocios. En particular, el Grupo Clarín es uno de los grandes beneficiarios ya que a partir de ahora podrá brindar servicios de telefonía celular con las modificaciones que se introdujeron en el Reglamento de Operadores Virtuales Móviles (OVM) y que fueron publicados en el Boletín Oficial este jueves.

No solo Cablevisión, sino que también Telecentro, del ex dirigente peronista Alberto Pierri, y varias cooperativas podrán, ahora, dar el servicio apoyándose en la infraestructura montada por las principales operadoras Personal, Movistar y Claro.
El flamante Reglamento de las OVM, como se las abrevia allí, obliga a aquellos prestadores que ya tienen montada la red a “abrir” su infraestructura para aquellas compañías que deseen brindar el servicio pero no cuenten con la infraestructura (las torres de transmisión) necesaria para eso.

El OMV deberá abonar un canon a la empresa que le preste su infraestructura como una suerte de “alquiler” de la misma. Según e reglamento, el precio se pactará entre las partes y debe ser “libres, razonables y no discriminatorios”, aunque no establece mayores mecanismos para evitar un abuso de posición dominante de las empresas de telefonía, que podrían poner valores muy altos como barrera de entrada al negocio.
De esta forma, empresas como Cablevisión, del Grupo Clarín, Telecentro y varias cooperativas que no tienen las torres podrán competir en principio contra los tres grandes operadores del mercado. Meses atrás, el Gobierno nacional autorizó la compra de Nextel por parte del Grupo Clarín, lo que constituye la punta de lanza para el ingreso del gigante de los medios al mercado de las telecomunicaciones, luego del fallido intento de entrar a Telecom.
Además, Clarín contó con la inestimable ayuda del Gobierno nacional, que modificó por decreto los artículos de la ley de Medios que fueron avalados por la Corte Suprema en 2013, y así archivó el plan de adecuación que obliga al multimedios a desmembrarse por tener un tamaño que afectaba la libre competencia y la libertad de expresión.

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