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Se realizó la manifestación en defensa de las dos vidas en Victorica (Video)

El 4 de agosto desde las 16 hs en la Plaza Héroes de Cochicó de Victorica se dió una concentración de defensores de la vida en oposición al movimiento pro muerte fetal a voluntad de las gestantes que pretenden se legisle ese acto homicida como un derecho.Ese acto denominado aborto consiste en una operación quirúrgica por la que el humano en etapa fetal dentro de la gestante es asesinado a través de diversas técnicas, que incluyen la aspiración ,como si de residuos se tratase.Los diferentes oradores se refirieron a distintos argumentos para defender la vida, sin excluir los argumentos religiosos, ni los argumentos políticos.Entre los argumentos políticos cabe recordar los de Gervasio Lobos cuando mencionó “como se podrá festejar el día del niño?” haciendo implícita alusión a que la legislación a aprobar implica un atentado contra la vida de los niños no nacidos.En el siguiente video la casi totalidad del acto…

La Pampa rechaza el Decreto presidencial que recorta las asignaciones familiares

Alonso: “no entendemos la medida, no la compartimos, esto va en desmedro de los derechos adquiridos que tiene un niño y que oportunamente el Estado sostuvo”.
La ministra de Desarrollo Social, Fernanda Alonso, transmitió el rechazo al Decreto N° 702/18 del presidente Mauricio Macri que recorta la Asignación Universal por Hijo en la Patagonia y algunos Departamentos del Norte del país.
“Comprende a la provincia de La Pampa, sobre todo en lo que es AUH;  le quita a cada niño que recibe este beneficio un promedio de $450 mensuales. En 29.400 niños que hoy reciben el beneficio, entre pre natales y niños nacidos menores de 18 años, comprendidos según el Decreto, son $13.000.000 que van a dejar de circular en la economía pampeana”, señaló la ministra Alonso, tras analizar el impacto del Decreto.
Esto impacta directamente en la vida cotidiana, “no sólo en la economía de la provincia sino también en cada niño, que lo destinaba a alimentos, ropa o la crianza, para su crecimiento y desarrollo. No entendemos la medida, no la compartimos, esto va en desmedro de los derechos adquiridos que tiene un niño y que oportunamente el Estado sostuvo porque hay fundamentos para esto: son niños que están por debajo de la línea de pobreza, que requieren el acompañamiento del Estado para garantizar el acceso a la salud y la escolaridad, ése es el sentido que vino a dar el surgimiento de la Asignación Universal por Hijo para la población desocupada”.
Más allá de los reclamos que se harán en forma conjunta con otros ministros provinciales, de las audiencias que se han solicitado en forma particular, “vamos a apoyar puntualmente, y nuestros legisladores nacionales van a acompañar, el Proyecto de Ley que presentaron Camaño y Bossio.
Allí se pide la derogación de este decreto. Realmente si no avanzamos en ese sentido estamos convalidando un hecho que afecta directamente a las Asignaciones, que parecían una batalla ganada en materia de derechos y hoy se pone en discusión y se avanza quitando beneficios que habían sido logrados”.
El Decreto nivela para abajo pues pretende comparar a la Patagonia y una parte del Norte con la provincia de Buenos Aires, “no se diferencia el costo de vida de quien vive en la Patagonia, o los problemas de desigualdad social que hay en el Norte. Ése era el fundamento de la existencia de un plus que nos diferenciaba en la AUH, de acuerdo al lugar de residencia”.
Plus Patagónico
En caso de que la iniciativa del Gobierno nacional avance, la ministra pampeana consideró que el próximo paso será ir por el Plus Patagónico, “ahí sería otro golpe más a la clase que menos tiene. Es necesario sentar postura en esto y realizar acciones, por eso esto de convalidar y acompañar el proyecto que pretende derogar el Decreto”.

REPUDIARÁN EL DESPIDO DE TODOS LOS TRABAJADORES DE TELAM Y PEDIRÁN SU REINCORPORACION

Inesperadamente sólo los legisladores del Partido Justicialista y del Frente Pampeano para la Victoria emitieron dictamen en forma mayoritaria, aconsejando la aprobación del proyecto de resolución por el que expresan su más profundo repudio y preocupación por los 354 despidos de trabajadores de la Agencia TELAM y especialmente por la situación de los dos trabajadores despedidos en La Pampa, requiriendo se arbitren los mecanismos necesarios para sus inmediatas reincorporaciones.

Tal cual lo esperado, en la reunión de la comisión de legislación social y salud pública, los diputados de Cambiemos, no apoyaron la iniciativa y adelantaron que fijarán posición en el recinto.

Lo llamativo fue que tampoco los diputados del Frepam, de cuyo bloque uno de los legisladores fue coautor de la iniciativa, acompañaran el dictamen y anunciaran que fijarían posición en el recinto.

Con la anuencia de la presidenta de la comisión, Claudia Godoy, los periodistas Mariano Rodríguez y Julián Varela que, como en cada jornada en diputados estaban cubriendo la reunión para el diario local en el cual trabajan, manifestaron a viva voz la situación por la que están atravesando.

Rodríguez dijo que “hasta el domingo previo a mi despido, estuve trabajando para la agencia Telam y al día siguiente, sin ningún aviso previo, recibí el telegrama de despido y el anuncio que en mi cuenta bancaria ya tenía depositado la indemnización correspondiente.

A mi particularmente esto me ha causado un profundo dolor e indignación y una desorganización en mi vida personal por el daño económico que naturalmente esta situación me provoca.

Ustedes todos me conocen, saben de mi trabajo imparcial, a todos seguramente en alguno o varias ocasiones he entrevistado y le he solicitado información para difundir sus actividades, opiniones e iniciativas. No me cabe el calificativo de Lombardi ni de Marino en cuanto a que no era un trabajador sino un puntero político.

Hoy hay 342 familias en la calle literalmente. Se ha dado la situación de que un matrimonio trabaja para la agencia, una era fotógrafa y otro periodista y los echaron a los dos…echaron a una paciente oncológica” reveló el trabajador.

Varela agregó que con estos despidos se afecta gravemente la cobertura informativa del país porque las agencias que no han quedado desguazadascomo la de la provincia de La Pampa donde una única periodista deberá encargarse de toda la información y reporte gráficohan sido literalmente vaciadas dejándolas sin personal, “con lo cual ya nadie habrá informando sobre determinados lugares y se impondrá el discurso único”, manifestó.

La presidenta también le dio participación al periodista de la casa, Javier Urban, en su carácter de trabajador despedido de LRA 3 Radio Nacional Santa Rosa, que celebró “que hoy se esté tratando este repudio al despido de estos compañeros, a diferencia de cuando a mi me echaron que fue el indicio de lo que sería el modus operandi del gobierno de Cambiemos en los medios de comunicación a través de la persecución de los trabajadores”.

A la hora de votar para la emisión del dictamen, los diputados del Frepam se negaron a acompañar la iniciativa porque pretendían repudiar el despido y solicitar la reincorporación únicamente de los 2 trabajadores pampeanos, “que son los que conocemos de su trabajo independiente” manifestaron los diputados Patricia Testa y Martín Berhongaray.

Tanto sus pares Espartaco Marín como Eduardo Tindiglia rechazaron esa pretensión de los radicales y pidieron mantener la letra del proyecto original, “porque rechazamos cualquier tipo de despidos, de todos los despedidos”.

Pese al esfuerzo y la indignación de la diputada Sandra Fonseca reclamandoles a sus pares del Frepam que se sumen a la iniciativa, ésta sólo contó con el aval de los legisladores del Pj y del Frente Pampeano para la Victoria.

100 millones de pesos más a medios nacionales para que no hablen de Maria Eugenia y sus aportes truchos.

La gobernadora tiene $417 millones para sostener el blindaje mediático durante todo el año. Esta modificación significa que aumentará casi un 25% los fondos.Mientras crece cada día el escándalo por el plan sistemático de aportantes truchos, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, reforzó su presupuesto de blindaje mediático en 100 millones de pesos. El objetivo es claro. Vidal quiere despegarse a toda costa de este caso, revelado por periodista Juan Amorin en El Destape, e intenta deslindar responsabilidades del robo de identidades para ocultar el origen del financiamiento de la campaña de Cambiemos.

Uno de sus mayores recursos es la pauta oficial y que, a pesar de que Vidal no informa su destino, es por demás evidente: sus beneficiarios son las corporaciones mediáticas y los voceros periodísticos que silenciaron el tema durante semanas y ahora ponen sus recursos para desligarla y cargar culpas sobre sus subalternos. Ahora, mientras se multiplican las denuncias judiciales y el tema saltó el cerca informativo, decidió inyectar 100 millones de pesos en pauta oficial. Casi el mismo monto de toda la campaña electoral que hoy cuestionada.

Según las planillas del presupuesto bonaerense de 2018, Vidal tiene 417 millones de pesos en pauta oficial para todo el año, aunque es evidente que sus recursos exceden esa partida presupuestaria y se canalizan a través de otros organismos que maneja el Hada Buena de Cambiemos. Más allá de esto, esta modificación del presupuesto significa que aumentará casi un 25% los fondos declarados para su propio blindaje mediático, que pagarán todos los bonaerenses, a quienes Vidal les pide ajuste pero les hace pagar su protección personal.

El Destape accedió a la resolución que firma Hernán Lacunza, ministro de Economía de Vidal. La fecha es de hoy, pero remite a un anexo fechado el 18 de junio. Es decir, el día siguiente que este medio publicó la primera nota sobre esta maniobra sistemática de aportes truchos. Este anexo lo firma Julio Gonzalez, director provincial de presupuesto.

Que es necesario para la Secretaría de Medios, efectuar un refuerzo de créditos en la Partida Principal 3 ‘Servicios No Personales’, con el fin de realizar la contratación de Publicidad Oficial”, dicen los fundamentos de la resolución. No fundamenta la necesidad, pero los 100 millones de pesos hablan por si mismos.

“Es una gran mentira afirmar que Portezuelo beneficiará a todos los argentinos”

Hernán Pérez Araujo, procurador general de Rentas de La Pampa, analizó la supuesta falta de financiamiento por parte del Gobierno Nacional a la represa Portezuelo del Viento.
“Los pampeanos no tenemos más noticias que las que han trascendido en medios nacionales y locales sobre la posible quita de financiamiento a la obra. Hoy hemos visto que, desde la provincia de Mendoza, pretenden ser optimistas y manifiestan que la represa se hará bajo el régimen de participación público-privada”, expresó el procurador.
“Esta es una victoria pírrica para la provincia vecina en el marco de una situación económico-financiera que, desde La Pampa, venimos anticipando hace tiempo. Siempre hemos sostenido la idea que concretar una obra de estas características, presupuestada en 1.200 millones de dólares, en los tiempos que corren y con escasos beneficios, era un disparate”, reflexionó Pérez Araujo.
“Ningún inversor privado en su sano juicio debería poner un dólar en el financiamiento de esta obra que, evidentemente,  será por demás deficitaria”, manifestó el funcionario pampeano.
“Ya lo hemos demostrado en el COIRCO, la represa no generará más de 78 megas a tope de funcionamiento y jamás va a llegar a los 210 que promete el proyecto ejecutivo. Esto hay que ponerlo en conocimiento de quienes pretendan ser contratistas, la obra no generará beneficios salvo que, como sospechamos, detrás de esto venga encubierto el inconfesado delirio mendocino que representa el trasvase del río Grande al río Atuel”, continuó.
“Desde La Pampa se han puesto de manifiesto estos obstáculos, además de los de índole ambiental”, confirmó Pérez Araujo.
Con respecto a los privados interesados en la construcción de la represa dijo: “debería  dárseles participación en el ámbito del COIRCO para que se informen sobre las cuestiones técnicas y ambientales, además de hacerles conocer la opinión de las provincias dueñas del recurso. Considerando además la gran mentira que implica afirmar que será una obra que beneficiará a todos los argentinos. Deberían ser invitados incluso al taller que el organismo de cuenca tiene previsto para fines del mes de agosto en Casa de Piedra,  y que está referido al tema.
Bereciartúa y Kerchner (ministro de Infraestructura de Mendoza), en clara connivencia, afirman que el régimen de participación público-privada es una alternativa respecto de cómo se pagaría la obra, pero nosotros no lo entendemos así; y habría que preguntarles cómo estará previsto el reparto de aportes y riesgos entre las partes, si se establecerán garantías de ingresos mínimos y, en ese caso, si seremos todos los argentinos los garantes”, añadió.
La normativa aplicable a este tipo de financiamiento contrasta con Portezuelo, se contrapone con sus objetivos. Si cumplen la ley, en el contrato debería plantearse una utilidad razonable en un plazo no mayor a 35 años, esto es imposible si no van a generar más de 78 megas, y está más que claro que no pueden generarlos. El proyecto no es rentable como está planteado, ni económica, ni socialmente.
Además, concluyó el procurador, “la ley exige que los proyectos a financiarse bajo esta operatoria deben preservar el medio ambiente y la sustentabilidad económica, social y ambiental, y ya sabemos que no es el caso de Portezuelo del Viento, es más, me atrevo a decir que va a ser todo lo contrario”.

“De cada 10 consultas en Defensa del Consumidor, 7 son relacionados a financieras”

La directora de Comercio, Marisa Casimiro, informó sobre las acciones impulsadas desde el organismo a su cargo, dependiente del Ministerio de la Producción, en materia de control sobre las financieras y la protección al consumidor.
“Desde el primer día de gestión trabajamos en este tema, hoy estamos teniendo un índice que muestra que, de cada 10 consultas en Defensa del Consumidor, 7 son relacionados a financieras.
Tenemos una gran cantidad de denuncias, al momento registramos 60 denuncias en el radio de la ciudad de Santa Rosa. La gran cantidad de consultas, casi 100 con respecto a financieras, es un hecho preocupante, si bien hay una Ley que ya se emitió y legisló, estamos trabajando en la reglamentación para acelerar pasos y poder hacer todo con el peso de la Ley y multar a estas financieras que perjudican al consumidor”, sostuvo la directora.
“El tema más saliente es sobre las tasas de interés sumamente excesivas que imponen estas empresas, tenemos casos de hasta 400% en intereses. Quiero hacer una distinción entre las empresas que prestan dinero y las que nosotros llamamos “de consumo”. Estas son cuando uno hace una compra en una tienda, financian a través de una chequera o específicamente de un débito automático; atrás de esas compras hay una financiera. La preocupación nuestra es que en supermercados también se entregan estas tarjetas que dependen de las marcas de los supermercados.
A fines del año pasado multamos a 8 de ellas, justamente por los intereses excesivos hacia los consumidores, que se encuentran desprotegidos”, indicó.
Finalmente, y sobre la defensa a los consumidores impulsada por el Gobierno de La Pampa, la funcionaria indicó “hicimos el planteo ante el Consejo Federal del Consumo (COFEDEC), para que las financieras estén legisladas y se incorporen dentro de la modificatoria que se va a gestionar dentro de la Ley de Defensa al Consumidor. Se nos respondió que como estas no están nucleadas dentro del Banco Central de la República Argentina, no podrían estar reguladas. Desde la Provincia empezamos a luchar para que se respete al consumidor y que, a su vez, se empiecen a regularizar mediante un acompañamiento del Poder Legislativo de la Provincia por intermedio de la emisión de esta Ley”, concluyó.

Se descubrió un robo de nombres para justificar aportes de campaña de “Cambiemos” en Buenos Aires

En la última semana, El Destape publicó una extensa investigación donde se encontraron a unos 467 titulares de programas sociales que figuran como aportantes de la campaña de Graciela Ocaña y Esteban Bullrich, pero que jamás contribuyeron con un peso, en una clara maniobra de lavado de activos. Sin embargo, eso no termina allí: todos ellos también figuran como afiliados al PRO, por lo que sus firmas fueron falsificadas a la hora de realizar la inscripción.

A partir del trabajo de investigación que comenzó a ser difundido la semana pasada por este medio, y que contará con varios capítulos más, muchos cooperativistas de Argentina Trabaja y beneficiarias del plan Ellas Hacen se comunicaron para informar sobre nuevas irregularidades, dado que sus nombres figuran como financistas de una campaña a la que jamás contribuyeron.

De esta forma, ya se encontraron 467 beneficiarios de planes sociales de todo el conurbano bonaerense (Quilmes, La Plata, San Isidro, San Vicente, Avellaneda, Lomas de Zamora, Temperley, La Matanza entre otros) que solo hasta el momento aparecen aportando unos $1.160.225 cuyo origen ahora se desconoce.

Sin embargo, lejos de detenerse allí, el escándalo creció todavía más: es que esta semana, luego que el fiscal con competencia electoral Jorge Di Lello decidiera abrir una investigación preliminar por las claras violaciones a la ley de financiamiento partidario que existieron, y, en paralelo, que el juez Casanello recibiera una denuncia penal por lavado de activos y enriquecimiento ilícito contra los diputados Graciela Ocaña y Héctor Toty Flores, y contra los senadores Esteban Bullrich y Gladys González, desde Cambiemos intentaron explicar las severas irregularidades que existieron en el financiamiento de su campaña electoral, aunque terminaron agregando un nuevo ilícito al ya largo listado.

En diálogo con el diario La Nación, desde Provincia argumentaron que los falsos aportantes “son todos afiliados al PRO”, y según pudo corroborar El Destape, es cierto: el 100% de los casos relevados por este medio resultaron positivos, figurando como “afiliados” a un partido político en la provincia de Buenos Aires.

En este sentido, es necesario destacar que para que una persona sea afiliada a una agrupación, se requieren dos copias de su documento nacional de identidad, y que complete y firme dos fichas de afiliación: una que queda en el propio partido político, y otra que queda en poder del afiliado, por lo que el PRO debió falsificar las firmas de los 467 involucrados para inscribirlos.

Es por esto que El Destape decidió relevar azarosamente casos de todos los municipios encontrados, y el resultado fue sorpresivo: el 100% de los consultados reciben planes sociales, figuran como aportantes aunque nunca pusieron un centavo, y además, están “afiliados” en la provincia de Buenos Aires.

Tal es el caso de Delia Isabel Campos, de La Matanza, cuyo documento finaliza en 893, y quien, según los registros obtenidos de la Justicia Electoral, aportó en total $2.000 a las campañas de Graciela Ocaña y Esteban Bullrich ($500 para cada uno en las PASO y las generales) y se encuentra inscripta como afiliada al PRO. Misma situación ocurre con Rodrigo Ramírez, de San Martín, cuyo DNI termina en 625: teóricamente aportó $2.450 a las campañas de Cambiemos, y también se encuentra registrado como afiliado, aunque nunca completó ninguna ficha.

416 mil personas dijeron NO a la impunidad hacia el asesinato en el vientre materno (aborto provocado)

Las firmas fueron presentadas por tres personas identificadas como “sobrevivientes del aborto”. Se trata de María de la Paz Rodríguez Coronel, asistente geriátrica, hija adoptiva gestada tras una violación; Karina Etchepare, abogada, nació luego de que su madre fuese violada con 14 años; y Javier Walter, ingeniero, que nació de un embarazo no deseado y fue criado por una familia adoptiva.

Inicialmente se habló de casi 200 mil firmas. Sin embargo, Alejandro Geyer, organizador y coordinador de “Marcha por la Vida”, le confirmó a Infobae que recolectaron 417 mil rúbricas que se oponen al proyecto de aborto legal, seguro y gratuito que se trataría en la Cámara Baja el próximo 13 de junio.

“La cantidad de firmas que tenemos nos demuestra que estar en contra de la legalización es el sentir de la gran mayoría de los argentinos en todo el país”, expresó Walter. “En los próximos días estarán llegando miles de voluntades más que no las podemos tener por problemas logísticos”, agregó Etchepare.

La abogada también sostuvo que “frenar esta ley permitirá que miles y miles de bebés, como alguna vez fuimos nosotros, no mueran injustamente. Vulnerando el derecho más importante de todos: el derecho a la vida. Sabemos que los diputados y senadores tienen presiones y condicionamientos de diferentes sectores, y que a través de ellos nos quieren convencer de que la libertad y la protección de las mujeres consiste en eliminar sistemáticamente la vida de otros seres humanos. Indefensos, únicos e irrepetibles”.

“Las juntamos de distintas organizaciones Provida. Se ve que hubo una respuesta muy importante. Todas las firmas han sido controladas, intervinieron jueces y escribanos y fueron presentadas en las comisiones. Son las voluntades de miles de personas que están lejos y quieren expresarse. En pocos días llegarán unas 100 mil firmas más de otras provincias del interior”, explicó Geyer.

“No se debería despenalizar el aborto como no debería hacerse con el robo o un asesinato. Los médicos se han cansado de demostrar que la vida comienza en el mismo instante de la concepción. Lo que proponemos es que hay soluciones alternativas enormes para salvar las dos vidas. Mi pregunta es: llegamos a la semana 14, ¿en qué momento empieza la vida? ¿5 minutos antes o 5 minutos después”, agregó

Las organizaciones que recogieron las firmas estuvieron encabezadas por el pastor evangélico Alejandro Rodríguez y representantes de organizaciones próvida como Más Vida y Citizen Go y organizaciones independientes.  “Las firmas, que fueron recolectadas por muchas organizaciones a lo largo y a lo ancho del país, fueron llegando en el transcurso de la semana pasada, y hasta el día de ayer, y fueron compiladas en la sede de JUCUM (Juventud con una misión), quienes coordinaron desde un primer momento el trabajo de firmas” indicó Ayelén Alancay, vicepresidente de +Vida.

Sobre el final, el hombre del mástil alzó la bandera y entonó el himno argentino. El resto se sumó a su grito de forma automática. “Viva la patria”, gritó tres veces, las mismas que el “Viva” le respondió sus efusivas expresiones.

Rodríguez Coronel, en tanto, dijo a Infobae: “Estoy muy emocionada. Exponer el dolor que uno lleva adentro es muy difícil. Vengo a pedir que Argentina no sea el país de la muerte. Los diputados juran hacer cumplir las leyes y los derechos y se olvidan del primero: el derecho a la vida”.

“Quienes están a favor no saben lo que piden. Si vieran cómo sale el bebé vivo de sus pancitas… Yo defiendo lo que soy. Pase lo que pase vamos a seguir luchando. De las mujeres que mueren haciéndose aborto clandestino puedo decir que exponen su vida y la del bebé. Nadie les pone un arma en la cabeza para que vayan y aborten, entonces si no valoran la vida no tienen nada que decir”, manifestó la asistente geriátrica.

Cornelia Schmidt (Cambiemos), Carmen Polledo (Cambiemos) Gabriela Burgos (UCR),Jorge Enríquez (Cambiemos), Gisela Scaglia (Cambiemos), Marcela Campagnoli (CC), Carla Pitiot (Frente Renovador) y David Schlereth (Cambiemos), fueron algunos de los diputados que estuvieron presentes en la entrega de las firmas.

Agresión sin sentido por parte de abortistas a la catedral de Santa Rosa La Pampa.

La particularidad ,en todo el mundo, es que por parte del movimiento pro muerte de bebés en el vientre materno (abortistas) se producen agresiones sin sentido hacia personas con fuertes convicciones de defensa de la vida, como es el caso de algunos grupos religiosos.

La catedral de Santa Rosa no es la excepción y se han registrado desde hace días agresiones hacia el culto que se brinda en la catedral.Así nos lo narra en la siguiente entrevista María Isabel García , defensora-activista del derecho a la vida desde la concepción.

Verna notificó a Aranguren sobre la adhesión de La Pampa a la propuesta de suspensión de las modificaciones establecidas en el régimen de Tarifa Social

Mediante Nota N° 80/18, con fecha 23 de mayo de 2018, el gobernador de la Provincia, Carlos Verna manifestó al ministro de Energía y Minería de la Nación, Juan José Aranguren, la adhesión de la provincia de La Pampa a la “Propuesta de suspensión de las modificaciones establecidas en el régimen de Tarifa Social”.
Al respecto, le hace saber que dicha adhesión se circunscribe a los términos descriptos en modelo de Acuerdo entre la Subsecretaría de Recursos Hidrocarburíferos del Ministerio de Energía y Minería de la Nación y la provincia de La Pampa.
Puntualmente, el modelo de acuerdo antes mencionado refiere al compromiso por parte de la Provincia de realizar una transferencia al Tesoro Nacional equivalente al 50% del costo fiscal originado por la suspensión de las modificaciones establecidas por la Resolución N° 474 del 30 de noviembre de 2017 del Ministerio de Energía y Minería de la Nación en el Régimen de Tarifa Social Federal, durante los períodos de consumo correspondientes a los meses de mayo y junio de 2018.